Con miras a sumar soluciones ante la «crisis energética» en Venezuela, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henri Falcón, presentó este lunes 15 de junio cinco garantías legislativas para el proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico —aprobada recientemente en primera discusión—, las cuales elevará ante el Parlamento.
El representante por el estado Lara señaló que, si bien el proyecto de reforma no resolverá a corto plazo el problema eléctrico en el país porque «llevará tiempo», es indispensable modificar la normativa para generar soluciones concretas para garantizar un servicio público eficiente, justo y descentralizado. Asimismo, apuntó que la falta de inversión en el sistema eléctrico nacional incide directamente en el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos.
Explicó que espera que estas propuestas, que debatirá junto al Grupo Parlamentario Libertad al cual pertenece, sean tomadas en cuenta para crear un instrumento legal que, lejos de complicar la situación, brinde alivio a las familias de las distintas regiones. «Mientras la capital de la República mantiene un estatus diferenciado, los estados de occidente, los llanos y el oriente enfrentan racionamientos diarios de entre seis y ocho horas, a menudo en bloques dobles», fustigó.
En ese sentido, el parlamentario planteó las siguientes garantías institucionales directamente en el articulado de la ley:
-Garantía de Cohesión Social (Modificación del Art. 61 – Régimen Tarifario): Se propone incorporar un Párrafo Único para obligar al Ejecutivo Nacional a establecer por ley un régimen de subsidios cruzados y focalizados. Esto blindará una “Tarifa Social Base” para proteger a los sectores vulnerables, hospitales y sistemas de agua, asegurando que la sinceración de tarifas y la rentabilidad del operador no afecten a los más desposeídos.
-Garantía de Seguridad Jurídica (Modificación del Art. 74 – Concesiones): Con el fin de atraer el capital privado necesario para la reconstrucción del sistema, se propone reformar este artículo para garantizar el derecho al justiprecio técnico y expedito sobre aquellas infraestructuras preexistentes que el privado repare, optimice o amplíe, así como sobre las inversiones no depreciadas, blindando el principio de no confiscatoriedad.
-Garantía de Descentralización Efectiva (Modificación del Art. 57 – Competencias Regionales): Se plantea transferir competencias directas a Gobernaciones y Alcaldías, facultándolas legalmente para gestionar, mantener y contratar redes secundarias y proyectos de generación distribuida local menores a 50 megavatios (MW), rompiendo el monopolio decisional de Corpoelec desde Caracas.
-Garantía de Incentivos Fiscales (Modificación del Art. 62 – Régimen Tributario): Se propone añadir un numeral para establecer por ley un régimen de Arancel Cero a la importación de equipos de autogeneración solar, eólica y sistemas de almacenamiento, otorgando además rebajas fiscales en tributos nacionales y patentes municipales por cinco años a los comerciantes que inviertan en proteger su propia cadena productiva.
-Garantía de Autonomía Ciudadana (Modificación del Art. 11 – Contraloría Civil): Se propone incorporar la figura de la Contraloría Civil vinculante. Las universidades nacionales, gremios profesionales y comités de usuarios tendrán la facultad legal de auditar los datos técnicos en tiempo real y levantar actas de falla del servicio, las cuales serán obligatorias para los procesos de compensación al usuario.
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